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G7

Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual

RTVE

La ley audiovisual vigente: servicios y sujetos regulados, la autoridad audiovisual, protección de menores, obra europea y comunicaciones comerciales.

Tema común a las 8 ocupaciones: Gestión, Gestión Administrativa, Información y Contenidos, Producción, Producción (Asistencia), Realización (Asistencia), Técnica Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática.

En este tema · 12 secciones
  1. Objetivos
  2. Sección 1 · Objeto, ámbito y transposición
  3. Sección 2 · Servicios y sujetos regulados
  4. Sección 3 · Autoridad audiovisual y protección de menores
  5. Sección 4 · Obra europea y diversidad cultural
  6. Sección 5 · Comunicaciones comerciales, accesibilidad y alfabetización
  7. Sección 6 · RTVE: cesión de la señal, valor público y archivos
  8. Sección 7 · Derechos de información deportiva y régimen sancionador
  9. Errores frecuentes
  10. Resumen exprés
  11. Esquema de repaso
  12. Mapa mental del tema

Objetivos

Al terminar este tema sabrás: (1) identificar el objeto y ámbito de la Ley 13/2022 y su origen (transposición de la Directiva 2018/1808); (2) clasificar los servicios y sujetos regulados (lineal, a petición, plataformas de intercambio de vídeos y usuarios de especial relevancia); (3) situar la autoridad audiovisual (CNMC) y la protección de menores; (4) manejar las cuotas de obra europea (51% lineal / 30% catálogo) y la financiación anticipada; y (5) conocer los límites de las comunicaciones comerciales (144/72 minutos) y las obligaciones de accesibilidad y alfabetización mediática.

⚠ Cae en examen. Los datos numéricos son el objetivo: publicidad 144 min (6-18h) / 72 min (18-24h); obra europea 51% en lineal y 30% del catálogo en VOD, con la mitad en lenguas oficiales. Y la gran novedad conceptual: la ley alcanza a plataformas de vídeos e influencers ("usuarios de especial relevancia").


Sección 1 · Objeto, ámbito y transposición

1.1 Objeto

La Ley 13/2022 es la norma marco del sector audiovisual de ámbito estatal. Regula los servicios de comunicación audiovisual (televisión y radio, lineales y a petición) y, como novedad, el servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma. Sustituye a la anterior Ley 7/2010 (General de la Comunicación Audiovisual).

1.2 Origen: la transposición de la Directiva 2018/1808

La ley transpone al Derecho español la Directiva (UE) 2018/1808, que modificó la Directiva 2010/13/UE (de servicios de comunicación audiovisual). De ahí sus grandes novedades: la incorporación de las plataformas de intercambio de vídeos al ámbito de la norma, el refuerzo de la protección de menores y la introducción de la cuota del 30 % de obra europea en los catálogos a petición. (Los servicios a petición (VOD) ya estaban regulados desde la Directiva 2010/13/UE —y su antecedente, la 2007/65/CE— y por la Ley 7/2010.)

💡 Ejemplo. Antes, la regulación se pensaba para la televisión tradicional; con la Directiva 2018/1808 y la Ley 13/2022, se refuerza la regulación de los catálogos bajo demanda (tipo VOD, ya regulados antes, ahora con cuota de obra europea) y entran las plataformas de vídeos (tipo redes sociales de vídeo).

1.3 Principios y códigos de conducta (arts. 11, 13 y 15)

  • Conciliación (art. 11): la autoridad audiovisual incentiva horarios racionales y buenas prácticas de conciliación y programación en la televisión lineal en abierto.
  • Propiedad intelectual (art. 13): la comunicación audiovisual respeta los derechos de terceros reconocidos por la legislación de propiedad intelectual.
  • Códigos de conducta (art. 15): la autoridad audiovisual promueve la autorregulación y la corregulación. Los códigos deben ser aceptados por los principales interesados, exponer sus objetivos, prever un seguimiento y evaluación periódicos, transparentes e independientes, sanciones efectivas y proporcionadas, mecanismos de reclamación, resolución extrajudicial ante entidades acreditadas conforme a la Ley 7/2017, consulta previa, órganos independientes de control y respeto a la competencia. Su aprobación o adhesión se comunica a la autoridad audiovisual y, para los prestadores estatales, al Consejo de Consumidores y Usuarios.

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