Prevención de riesgos laborales aplicada: derechos y obligaciones, PVD, trastornos musculoesqueléticos, incendios y accidentes in itinere

1.1 · El derecho básico

La ley reconoce a los trabajadores el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, al que corresponde el deber del empresario de garantizarla. De ese derecho general se derivan otros más concretos:

Derecho	Contenido
Información	Conocer los riesgos generales del centro y los específicos de su puesto, y las medidas de protección y de emergencia adoptadas
Formación	Formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en el momento de la contratación y cuando cambien las funciones o se introduzcan nuevas tecnologías; se imparte dentro de la jornada o con descuento de ella, y su coste no recae sobre el trabajador
Consulta y participación	Directamente o a través de los delegados de prevención y del comité de seguridad y salud (figuras que desarrolla el tema G8)
Vigilancia de la salud	Reconocimientos voluntarios como regla, con excepciones tasadas; resultados confidenciales y comunicados solo al propio trabajador; el empresario recibe únicamente las conclusiones de aptitud (art. 22.4), no el diagnóstico
Paralización de la actividad	Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo en caso de riesgo grave e inminente
Protección específica	De los trabajadores especialmente sensibles, de la maternidad y lactancia (la embarazada tiene derecho a ausentarse, con remuneración, previo aviso y justificación de que debe hacerse en jornada, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto: art. 26.4), de los menores y de los contratados temporales o cedidos por empresas de trabajo temporal

Dos precisiones que se preguntan. La primera: las medidas de prevención no pueden suponer, en ningún caso, una carga económica para los trabajadores. La segunda: ante un riesgo grave e inminente, el trabajador no solo puede irse; los representantes pueden acordar la paralización de la actividad, y esa decisión no puede acarrear perjuicio a quien la adopta de buena fe. En el caso del trabajador que interrumpe por su cuenta, no sufre perjuicio salvo mala fe o negligencia grave (art. 21.4 LPRL).

1.2 · Las obligaciones del trabajador

Aquí está la pregunta clásica. Corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad, con arreglo a su formación y a las instrucciones del empresario. En particular:

1. Usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera medios con los que desarrolle su actividad.
2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen.
4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a quienes tengan encomendada la actividad preventiva sobre cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud.
5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.
6. Cooperar con el empresario para que pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

⚠ Cae en examen. El incumplimiento por el trabajador de estas obligaciones tiene la consideración de incumplimiento laboral, sancionable conforme al Estatuto de los Trabajadores. Y el aviso es inmediato y tiene doble vía (art. 29.2.4.º): al superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para prevención o al servicio de prevención. La ley no establece un orden excluyente, y un riesgo urgente no se retrasa.