Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales

1.1 Objeto y origen

La Ley 31/1995 tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Transpone al Derecho español la Directiva marco 89/391/CEE. Su desarrollo reglamentario clave es el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997).

1.2 Ámbito de aplicación

• Se aplica a las relaciones laborales (Estatuto de los Trabajadores) y al personal de las Administraciones públicas (con las particularidades de su normativa), sin perjuicio de las obligaciones específicas de fabricantes, importadores y suministradores y de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos (art. 3.1).

• Exclusiones (art. 3.2), solo en las actividades cuyas particularidades lo impidan, dentro de las funciones públicas de: policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; y Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. Aun así, la ley inspira su normativa específica.

• Servicio del hogar familiar: ya no está excluido. Lo estaba hasta 2022; el Real Decreto-ley 16/2022 suprimió esa exclusión (art. 3.4) y hoy las personas trabajadoras del hogar tienen derecho a una protección eficaz, con especial atención a la violencia contra las mujeres (disposición adicional 18.ª). La desarrolla el Real Decreto 893/2024, que regula la seguridad y salud en el servicio del hogar familiar.

• Normativa preventiva (art. 1): la Ley, sus normas de desarrollo y cuantas otras, legales o convencionales, contengan prescripciones preventivas. Carácter (art. 2.2): las disposiciones laborales son Derecho necesario mínimo indisponible, que los convenios colectivos pueden mejorar y desarrollar.

• Cooperativas (art. 3.1): se aplica a las cooperativas con socios cuya actividad consista en prestar personalmente su trabajo. Si no tienen asalariados, la designación de los Delegados de Prevención la fijan sus Estatutos o la Asamblea General (DA 10.ª).

• Militares (art. 3.2 y 3.3): se excluyen las actividades de las funciones públicas citadas cuyas particularidades lo impidan; en los centros y establecimientos militares sí se aplica la ley, con las particularidades de su normativa específica. Al personal militar, los capítulos III, V y VII se le aplican de acuerdo con la normativa específica militar (DA 9.ª bis).

• Establecimientos penitenciarios (art. 3.3): no están excluidos; las actividades cuyas características lo justifiquen se adaptan a la ley con una regulación especial.

1.3 Conceptos (art. 4)

Concepto	Definición esencial
Riesgo laboral	Posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Para calificar su gravedad se valoran conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y su severidad (art. 4.2)
Prevención	Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo (art. 4.1.º)
Daños derivados del trabajo	Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo
Riesgo grave e inminente	El que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud. Si hay exposición a agentes que pueden causar daños graves, existe aunque esos daños no se manifiesten de forma inmediata (art. 4.4.º)
Potencialmente peligrosos	Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originan riesgos para quienes los desarrollan o utilizan (art. 4.5.º)
Equipo de protección individual (EPI)	Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerle de uno o varios riesgos, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin (art. 4.8.º)
Condición de trabajo	Cualquier característica del trabajo que pueda influir de forma significativa en la generación de riesgos; incluye las relativas a su organización y ordenación (por ejemplo, los turnos)
Equipo de trabajo	Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo

1.4 La política preventiva y las Administraciones (arts. 5 a 13)

• Política de prevención (art. 5): se elabora con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas; los incentivos de los programas públicos se destinan especialmente a las pequeñas y medianas empresas; se considera la variable sexo en los datos y en la investigación preventiva para detectar daños vinculados a ella; y las disposiciones de carácter general deben incorporar un informe sobre su aplicación en las pymes.
• Normas reglamentarias (art. 6): el Gobierno las dicta previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
• Administraciones laborales (art. 7): promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control y sanción; hoy incluyen el seguimiento de las actuaciones preventivas en las empresas y respecto de las personas trabajadoras autónomas (reforma de 2026).
• INSST (art. 8): la ley lo sigue llamando Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT); hoy actúa con el nombre de Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado. Sus funciones (art. 8.1): asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa y en la normalización; promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en prevención; apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo; cooperación internacional; y las demás que se le encomienden de acuerdo con la Comisión Nacional. Presta además apoyo en certificación, ensayo y acreditación (art. 8.2); ante la Unión Europea actúa como centro de referencia nacional (art. 8.3); y ejerce la Secretaría General de la Comisión Nacional (art. 8.4).
• Inspección de Trabajo (art. 9): vigila y controla el cumplimiento de la normativa y propone a la autoridad laboral la sanción cuando comprueba una infracción (la sanción la impone la autoridad laboral, art. 7.1.c); asesora e informa a empresas y trabajadores; elabora los informes que piden los juzgados de lo social en los procedimientos de accidentes y enfermedades profesionales; informa a la autoridad laboral de los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves; comprueba y favorece el cumplimiento de las obligaciones de los servicios de prevención; y ordena la paralización inmediata de trabajos con riesgo grave e inminente.
• Autoridades sanitarias (art. 10): desarrollan estudios epidemiológicos y mapas de riesgos.
• Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 13): asesora a las Administraciones y es órgano de participación institucional. La forman cuatro grupos: un representante de cada Comunidad Autónoma, igual número de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos ellos, representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas (art. 13.2); tiene un Presidente (el Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales) y cuatro Vicepresidentes, uno por grupo (art. 13.5). Sus acuerdos se adoptan por mayoría y cada representante de las Administraciones tiene un voto y cada representante de las organizaciones empresariales y sindicales, dos. Funciona en Pleno, Comisión Permanente o Grupos de Trabajo.

💡 Ejemplo. El EPI (casco, guantes, arnés, protección auditiva en un plató o control técnico) es siempre individual y subsidiario: se recurre a él cuando el riesgo no se ha podido evitar ni reducir con medidas colectivas.

📌 Se pregunta junto a esta ley, aunque no está en ella. El accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo (art. 156 de la Ley General de la Seguridad Social). El accidente in itinere es el que sufre al ir o volver del lugar de trabajo (art. 156.2.a); el accidente en misión es el ocurrido cuando el trabajador se desplaza o trabaja por encargo de la empresa fuera de su lugar habitual, y se trata también como accidente de trabajo (es una construcción de la jurisprudencia a partir del art. 156.1; la ley no lo nombra). Las pantallas de visualización tienen su propio RD 488/1997 y los trastornos musculoesqueléticos (por movimientos repetitivos o posturas forzadas) se previenen con la evaluación de riesgos y medidas organizativas como las pausas. Más detalle en el tema específico de prevención de cada ocupación.